INMINENTE REFORMA PREVISIONAL PARA EL AÑO 2026

Por Cr. Ramiro I. Muzaber

La Argentina se encuentra nuevamente frente al desafío de reformar su sistema previsional. De acuerdo con información que ya circula en ámbitos técnicos y políticos, el Gobierno nacional avanza en un proyecto integral que entraría en vigencia en 2026. La iniciativa, impulsada también por compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional, pretende reordenar más de un centenar de regímenes especiales y diferenciales, con el objetivo declarado de homogeneizar condiciones de acceso y cálculo de haberes.

La propuesta supone un cambio de magnitud histórica: impacta directamente en millones de trabajadores que hoy cuentan con esquemas jubilatorios diferenciados por la naturaleza de sus tareas, así como en las cajas provinciales y profesionales que hasta ahora conservaban autonomía.

Nuestro sistema previsional arrastra problemas estructurales de larga data. El envejecimiento poblacional, la creciente informalidad laboral y el déficit financiero del régimen general han puesto en jaque su sostenibilidad.

A esto se suma la elevada dispersión normativa: más de cien regímenes con condiciones distintas de edad, aportes y cálculo del haber. Docentes, ferroviarios, trabajadores de la salud, mineros, empleados públicos provinciales y profesionales con cajas propias integran un mosaico que, para la visión oficial, resulta inequitativo e ineficiente.

Los ejes de la reforma 2026

De acuerdo con los lineamientos conocidos, la reforma previsional se apoyaría en tres pilares centrales:

1. Eliminación o unificación de regímenes especiales y diferenciales

   La edad jubilatoria, los años de aportes y la fórmula de cálculo se equipararían al régimen general. Esto afectaría a docentes, ferroviarios, aeronáuticos, trabajadores de la salud y de la construcción, entre otros, que actualmente se jubilan antes o con mejores condiciones.

2. Nuevo sistema dual de beneficios

   • Un haber proporcional a los aportes registrados, en línea con lo efectivamente contribuido a lo largo de la vida laboral.

   • Un ingreso asistencial básico universal, equivalente a la actual PUAM (80% de la mínima), para quienes no logren alcanzar los requisitos contributivos.

3. Fin de las moratorias previsionales

   Eliminar la moratoria más antigua que es la Ley 24.476 para la compra de años, y poner fin a la Ley 27.705 para la compra de años en forma anticipada. Con la nueva figura de Prestación de Retiro Proporcional, quienes no lleguen a 30 años de aportes podrán jubilarse igual, pero con un haber reducido, sin opción de completar períodos mediante moratoria.

Sectores más afectados

La eliminación de los regímenes diferenciales generará fuertes impactos:

• Docentes y docentes universitarios: perderían el acceso a jubilaciones anticipadas y al cálculo más favorable de haberes.

• Ferroviarios, aeronáuticos, colectiveros y portuarios: quedarían sin reconocimiento por tareas de alto desgaste físico.

• Salud y laboratorios: los regímenes por insalubridad desaparecerían, extendiendo la edad de retiro incluso en trabajos críticos.

• Construcción y minería: dos actividades de gran exigencia física y elevada siniestralidad, equiparadas al régimen general.

• Empleados públicos provinciales: en jurisdicciones con cajas no transferidas, se impondrían reglas nacionales.

• Cajas profesionales: abogados, contadores, ingenieros y escribanos podrían ver limitadas sus autonomías o integradas al sistema nacional.

El verdadero nudo crítico de la reforma es que más del 85% de las personas que llegan a la edad jubilatoria no reúne 30 años de aportes. Sin moratorias vigentes, ese universo quedará derivado a la PUAM, hoy en $251.444 (agosto 2025), contra una jubilación mínima de $314.305.

Se consolidará así una brecha de haberes entre quienes logren cumplir con el requisito contributivo y quienes no. En un mercado laboral con alta informalidad e intermitencia, el riesgo de exclusión previsional masiva es evidente.

Como especialista en sistema previsional, considero imprescindible un debate serio y plural sobre esta reforma. Es cierto que el sistema actual resulta financieramente insostenible y normativamente fragmentado. Pero la solución no puede pasar únicamente por homogeneizar hacia abajo o excluir a millones de trabajadores.

Eliminar regímenes diferenciales sin atender a las condiciones reales de labor —como la insalubridad, el esfuerzo físico o la carga emocional— sería injusto y socialmente regresivo.

Lo mismo ocurriría si se abandona a quienes no logran acumular 30 años de aportes, derivándolos a un haber asistencial insuficiente.

Una reforma previsional sostenible debe apoyarse en tres ejes:

• Ampliar la base contributiva, combatiendo la informalidad laboral y mejorando la fiscalización.

• Diseñar un esquema de transición gradual, que permita adaptar expectativas y no castigue de golpe a generaciones enteras.

• Mantener pisos de equidad y protección social, para que ningún adulto mayor quede por debajo de un nivel digno de ingresos.

La inminente reforma previsional de 2026 marcará un antes y un después en la historia de la seguridad social argentina. Puede ser la oportunidad para ordenar el sistema y hacerlo sostenible. Pero también encierra el riesgo de profundizar desigualdades si se encara con una lógica meramente fiscal.

La sustentabilidad del sistema no puede lograrse sacrificando justicia. El desafío es encontrar un equilibrio que garantice tanto la viabilidad financiera como la dignidad de nuestros jubilados.