EL VETO A LA DIGNIDAD DE LOS JUBILADOS

En una Argentina donde cada día cuesta más sostener lo básico, el reciente veto presidencial a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria no hace más que confirmar una triste realidad: el ajuste recae, una vez más, sobre los sectores más vulnerables.

El Presidente Javier Milei decidió vetar totalmente la ley aprobada por el Congreso que proponía una nueva fórmula para actualizar las jubilaciones y pensiones, con el objetivo de que, al menos, no sigan perdiendo contra la inflación. Una ley que, lejos de ser un privilegio, buscaba devolver un mínimo de dignidad a quienes trabajaron toda su vida.

¿De qué estamos hablando?

Al día de hoy (agosto de 2025), la jubilación mínima ronda los $384.305,37, incluyendo el bono. Sin ese refuerzo, el haber básico es de apenas $314.305,37. Cualquier persona que viva sola sabe que ese monto no alcanza ni para cubrir medicamentos, servicios y alimentos esenciales.

Una consulta médica particular cuesta $20.000 o más. Una caja de medicamentos crónicos puede superar los $40.000 al mes. ¿Qué margen tiene un jubilado para vivir con lo que le queda? Ninguno. El sistema jubilatorio está funcionando como un sistema de exclusión y empobrecimiento.

No es populismo, es justicia

Desde algunos sectores del oficialismo se intenta justificar el veto con argumentos económicos. Se habla del déficit previsional, del “populismo” del Congreso, de la necesidad de "ordenar las cuentas". Pero, ¿qué clase de orden implica seguir empujando a la miseria a millones de jubilados?

No es populismo reclamar que los jubilados puedan comer, calefaccionarse y comprar sus remedios. Es simplemente una cuestión de justicia, de humanidad y de respeto intergeneracional.

El costo del veto no es fiscal, es humano

La ley vetada por Milei establecía una fórmula más equitativa, ligada a la inflación y con un refuerzo adicional que representaba un alivio para los haberes más bajos. No era una solución mágica ni una dádiva. Era un intento de poner un freno a la licuación brutal de las jubilaciones, que hoy pierden poder adquisitivo todos los meses.

El Presidente no vetó una ley populista: vetó una mejora para quienes peor la están pasando.

¿Hacia dónde vamos?

Si el ajuste se descarga siempre sobre los mismos, el sistema previsional no solo se vuelve inviable, sino que se rompe el contrato social. Porque, ¿qué incentivo queda para aportar durante 30 o 40 años, si el resultado es una jubilación que condena a la pobreza?

El desfinanciamiento del sistema, el rechazo a ampliar la base de aportantes, y las reformas impuestas sin consenso, solo agravan una situación que exige soluciones integrales, con responsabilidad y sensibilidad social.

Ramiro Ismael Muzaber – Contador Público Nacional y especialista en sistema previsional

www.estudiomuzaber.com