¿Independencia para quién? El sistema previsional argentino en su encrucijada

Por Cr. Ramiro I. Muzaber

Cada 9 de julio, los argentinos celebramos la Independencia como un acto de soberanía, coraje y proyección de futuro. Aquellos congresales de 1816 no sólo rompían los lazos con España, sino que soñaban con un país libre, justo y próspero. Más de dos siglos después, la pregunta duele: ¿puede haber independencia real cuando millones de argentinos y argentinas envejecen en la incertidumbre, dependiendo de un sistema previsional que, lejos de brindar seguridad, se ha vuelto sinónimo de inestabilidad y desigualdad?

El sistema previsional argentino hoy

Nuestro régimen previsional se basa, en lo formal, en un sistema de reparto solidario: los trabajadores activos aportan para sostener a los pasivos. La ANSES administra ese fondo y, con él, paga jubilaciones y pensiones. Pero la realidad está lejos del ideal.

Según datos oficiales, hoy hay alrededor de 7 millones de jubilados y pensionados, de los cuales casi el 65% accedieron al beneficio mediante moratorias, es decir, sin haber completado los 30 años de aportes exigidos por ley. Este número, que refleja una política de inclusión previsional, también es el espejo de un mercado laboral devastado por la informalidad, la precarización y la evasión estructural.

Mientras tanto, la tasa de sustitución (la relación entre el último sueldo y la jubilación inicial) ha caído en picada. La jubilación mínima, a junio de 2025, está muy por debajo del valor de una canasta básica para personas mayores. La fórmula de movilidad, modificada en reiteradas ocasiones, no logra preservar el poder adquisitivo. El resultado: jubilados pobres, con ingresos erosionados por la inflación y sin capacidad de proyectar.

Las falencias estructurales

Las deficiencias del sistema previsional argentino son múltiples y profundas:

• Déficit financiero estructural: el sistema no se autofinancia, y requiere constantes transferencias del Tesoro Nacional. La relación entre aportantes y beneficiarios está desbalanceada.

• Judicialización crónica: miles de jubilados deben litigar durante años para obtener reajustes, generando costos adicionales al Estado.

• Injusticias internas: conviven jubilados con haberes de privilegio, con aportantes plenos que cobran haberes mínimos, y con beneficiarios que no aportaron pero reciben iguales o mayores prestaciones por aplicación de mínimos garantizados o bonos.

• Falta de incentivos a aportar: la lógica de “igualdad por abajo” desincentiva la formalidad laboral y la cultura previsional.

  
  

Moratorias: ¿inclusión o parche perpetuo?

Desde 2005, las moratorias previsionales se han transformado en política de Estado. La última ley, sancionada en 2023, permite regularizar aportes impagos incluso a personas que aún no han llegado a la edad jubilatoria, lo que genera una especie de jubilación anticipada encubierta.

Si bien estas herramientas permitieron que millones de personas —especialmente mujeres— accedan a una jubilación, también consolidaron un sistema en el que no aportar no tiene consecuencias reales. Esto tensiona la equidad contributiva, y genera una pesada carga futura para el Estado.

La informalidad laboral (cercana al 40% en algunos sectores) es el corazón del problema. Mientras no se formalice el trabajo, el sistema previsional seguirá parchando su déficit con moratorias y bonos discrecionales.

Una independencia inconclusa

La independencia de 1816 fue un acto político y simbólico. Pero la independencia real, la cotidiana, la que se vive en el plato de comida y en el recibo de haberes, está pendiente. ¿Puede considerarse libre una persona mayor que trabajó toda su vida y no logra cubrir medicamentos ni servicios básicos?

La Argentina del siglo XXI necesita preguntarse si una Nación es verdaderamente independiente cuando su clase pasiva —esa que dio su esfuerzo productivo durante décadas— es tratada como una carga y no como una prioridad.

Conclusión: un nuevo pacto previsional

Urge pensar un nuevo contrato social previsional. No se trata sólo de números, sino de valores: ¿cómo queremos envejecer? ¿Qué nivel de dignidad queremos para quienes ya dieron todo?

El 9 de julio no debe ser sólo una fecha en el calendario. Puede ser también un llamado a revisar nuestras deudas pendientes con los adultos mayores. Para que la independencia no sea sólo política, sino también económica, personal y social. Para que la libertad no termine ni a los 60 ni a los 65 años.