Reforma laboral 2025: entre la modernización prometida y la desprotección encubierta

Por Cr. Ramiro I. Muzaber

En los últimos meses, el debate sobre una posible reforma laboral volvió al centro de la escena. El Poder Ejecutivo ha presentado ante el Congreso los ejes de un proyecto que, bajo la premisa de “modernizar el mercado de trabajo”, propone un conjunto de medidas que incluyen convenios por empresa, un nuevo concepto de salario dinámico, y la eliminación de multas laborales a los empleadores.

Como suele ocurrir en estos procesos, las palabras suenan bien: flexibilización, productividad, diálogo social. Pero detrás de cada término hay un modelo de relaciones laborales que merece ser analizado con cuidado. No se trata de rechazar los cambios por reflejo, sino de comprender qué tipo de cambio se propone, a quién beneficia realmente y cuáles son sus posibles consecuencias.

1. Convenios por empresa: flexibilidad o fragmentación

Uno de los pilares del proyecto es la posibilidad de que cada empresa acuerde sus propias condiciones laborales, independientemente de los convenios colectivos por rama o actividad.

En teoría, esto permitiría adaptar los acuerdos a las realidades productivas de cada unidad. En la práctica, puede abrir la puerta a una fragmentación del sistema de negociación colectiva, debilitando la fuerza de los sindicatos y generando una “competencia a la baja” entre empresas de un mismo sector.

Las grandes compañías, con poder de negociación y recursos técnicos, podrían obtener acuerdos más beneficiosos. Las pequeñas, presionadas por la supervivencia, podrían verse forzadas a pactar condiciones inferiores. El resultado podría ser un mosaico de convenios dispares, donde los derechos laborales dependan más del tamaño o la localización de la empresa que de la función o la categoría del trabajador.

Argentina construyó históricamente su sistema de negociación sobre bases solidarias y colectivas. Volverlo un esquema atomizado sería, en los hechos, una desarticulación progresiva del modelo sindical.

2. El salario dinámico: productividad o discrecionalidad

Otro concepto que emerge en la propuesta es el de “salario dinámico”, que busca vincular la remuneración con el desempeño individual del trabajador. La idea de premiar la productividad no es nueva, y puede ser razonable si se sustenta en parámetros objetivos, transparentes y consensuados.

El problema aparece cuando el salario se desvincula del salario básico convencional y pasa a depender de evaluaciones subjetivas o metas poco claras. En contextos de alta informalidad o escasa representación gremial, esta herramienta puede transformarse en un instrumento de arbitrariedad y control, más que de incentivo.

El salario es, por definición, una garantía de estabilidad y previsibilidad. Si se vuelve un componente incierto, atado a factores discrecionales, se corre el riesgo de trasladar la inseguridad económica al trabajador, debilitando su poder adquisitivo y su capacidad de planificación familiar.

3. Un nuevo paradigma salarial en tiempos de desinflación forzada

El Ejecutivo ha planteado también un esquema de ajustes salariales mínimos, en torno al 1% mensual, argumentando que el país atraviesa una etapa de “reordenamiento macroeconómico” donde la inflación tenderá a converger hacia niveles internacionales.

Más allá del optimismo oficial, la experiencia reciente demuestra que la inflación no se reduce por decreto ni por negociación. Si los salarios se ajustan por debajo del costo de vida, el resultado será una caída real del poder de compra y un mayor deterioro del consumo interno, con impacto directo en el empleo.

El salario no es solo un costo: es el principal motor de la economía doméstica. Un esquema de aumentos simbólicos puede contener coyunturalmente los precios, pero termina afectando la demanda, la recaudación y la sostenibilidad del propio sistema previsional.

4. La eliminación de multas: incentivo o señal equivocada

El proyecto también propone eliminar las multas por infracciones laborales —por ejemplo, en casos de falta de registración o incumplimiento formal— bajo el argumento de fomentar la formalización.

Sin embargo, en un país con alta evasión laboral, quitar sanciones puede enviar la señal opuesta: que incumplir ya no tiene consecuencias. Es cierto que el régimen actual puede resultar excesivo o ineficiente, pero el camino debería ser la simplificación y la racionalidad, no la despenalización.

La informalidad no se combate eliminando controles, sino mejorando los incentivos a la contratación formal, reduciendo la carga tributaria sobre el empleo y fortaleciendo los mecanismos de inspección.

En última instancia, las multas no son un fin en sí mismo, sino un medio para sostener la equidad en la competencia empresarial. Si un empleador cumple y otro no, ambos no pueden tener los mismos costos.

5. Una reforma sin política de empleo ni visión previsional

Llama la atención que el debate actual sobre la reforma laboral no incluya, al menos en su fase inicial, un capítulo fuerte sobre empleo joven, reconversión tecnológica o políticas de capacitación continua.

Tampoco se advierte una mirada integral que articule la reforma con el sistema previsional —el otro pilar del contrato social laboral argentino—. En un país que envejece y que necesita aumentar sus aportantes, no se puede hablar de “modernización” sin revisar cómo se sostendrán las jubilaciones futuras ni cómo se promoverá la inclusión de nuevos trabajadores formales.

Modernizar no es solo flexibilizar: es replantear integralmente el vínculo entre trabajo, producción y seguridad social, en un contexto donde la tecnología redefine las formas de empleo.

Conclusión: el desafío de un equilibrio posible

Argentina necesita discutir una reforma laboral, sin duda. El sistema actual tiene rigideces, vacíos y mecanismos que ya no responden a la realidad de las nuevas economías. Pero toda reforma debe partir de un principio básico: el trabajo no es una mercancía.

Si la “modernización” se traduce en desprotección, pérdida de derechos o debilitamiento de la negociación colectiva, estaremos retrocediendo. Si, en cambio, se logra construir un marco más eficiente, con incentivos reales a la productividad, formación permanente y un régimen previsional sostenible, entonces estaremos dando un paso hacia adelante.

La verdadera reforma no es la que reduce el costo laboral, sino la que aumenta el valor del trabajo.