EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ARGENTINO AL BORDE DE LA QUIEBRA

Por Cr. Ramiro I. Muzaber

Desde la última dictatura militar argentina hasta nuestros días, el Sistema de Seguridad Social siempre estuvo en crisis, a pesar de las sucesivas declaraciones de “EMERGENCIA PREVISIONAL” dictado en todos los gobiernos de la Democracia recuperada.

Los motivos son varios, aunque la más evidente de todas ha sido la pésima administración gubernamental. Habida cuenta que aún se siguen jubilando con normas de la década de los 60’ y 70’, con el mismo porcentaje de aporte diferencial por tareas riesgosas e insalubres, sin cálculos actuariales actualizados.

El Sistema había sido reformado en el año 1967 mediante las Leyes Nro. 18.037 y 18.038, T.O 1976, y se fue reglamentando mediante decretos la ampliación de años de aportes y edad. Hasta que, en el año 1991, el Poder Ejecutivo intentó privatizar el Sistema y el Congreso de la Nación, mediante su intervención, evitó esa privatización, por el cual el Presidente de ese entonces (Carlos S. Menem) debió aceptar la creación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).

Pues en el marco del plan de reformas estructurales implementado en la Argentina durante los años 90, el 23 de septiembre de 1993 se sancionó la Ley Nro. 24.241 que creó el SIJP. Que tuvo vigencia desde 1994, y se componía de dos regímenes: un Régimen Público de Reparto administrado por la ANSES y un Régimen de Capitalización, administrado por las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Las AFJP fueron un fracaso rotundo, ya que eran Bancos, Gremios y algunas Asociaciones de Profesionales, que les habían permitido cobrar el 30% mensual por el ingreso del aporte y manejo de las inversiones, UNA COMISIÓN ABSOLUTAMENTE DESMESURADA que en ciertos casos podía llegar hasta el 54% del aporte total.

Otro fracaso fue la re-Estatización del Régimen de Capitalización, en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó a los dos Poderes del Estado a definir una fórmula de reajuste. Una situación que terminó con una gran cantidad de juicios contra el Estado, como los caso BADARO I, II, CHOCOBAR, etc.

Asimismo, el Sistema está soportando la presión de las moratorias previsionales y los regímenes diferenciales, sin los aportes correspondientes, más un tope de aportes que fue en desmedro de la recaudación y del poco control por parte de la AFIP, a quien se le delegó las tareas de recaudación mediante el Decreto Nro. 507/93.

Es evidente que el Sistema está en crisis, y que muchos especialistas, legos en el tema, creen que todos los trabajadores deben jubilarse a la misma edad y con los mismos años de aportes, lo cual es una absoluta ridiculez. Ya que no es lo mismo, pedirle por ejemplo a un minero, cuya expectativa de vida es de 50 a 52 años de edad, que pueda jubilarse con las mismas condiciones que a un trabajador administrativo.

Que hoy como se plantea el escenario, si el Congreso de la Nación no da la discusión en el tema, muy probablemente veamos a un Sistema Previsional no solamente quebrado, sino también judicializado, y lo más terrible una población pasiva con muerte anunciada.